Un cabo de la policía cordobesa, Juan Andrés Martín, imputado por homicidio calificado tras la muerte de Guillermo Bustamante en una estación de servicio, recibió la visita de sus abogadas en la cárcel de Bouwer.
Martín, uno de los cinco policías imputados en el caso, afirma haber seguido el protocolo durante el operativo del 24 de marzo. Sus abogadas, Mónica Picco y Julieta García Gómez, sostienen que Bustamante se negó a pagar el combustible y desobedeció a la autoridad, lo que justificó la detención.
Según la versión de la defensa, Bustamante, un hombre robusto de 1.75 metros de altura, se mostraba errático y se negó a cortar una llamada telefónica. La situación escaló y, durante la detención, Bustamante falleció a pesar de la rápida asistencia del servicio de emergencias.
Las abogadas destacan el testimonio del playero, quien habría negado la existencia de abusos policiales. Además, señalan que el informe preliminar de la autopsia no indica asfixia o golpes como causa de muerte, y esperan los resultados de los análisis toxicológicos.
Picco enfatiza la angustia de su defendido, un padre de familia y policía sin antecedentes, y solicita que se agilicen las pruebas. También cuestiona qué hubiera sucedido si Bustamante hubiera estado armado, argumentando que entonces se criticaría la inacción policial.
La defensa insiste en que se cumplió el protocolo y que la fuerza física se usó para evitar un daño mayor. Cuestionan por qué no se utilizaron armas no letales, argumentando que la situación lo ameritaba.
La versión de la querella contradice a la defensa
La pareja de Bustamante, Agustina Daiana Escotorin, ofrece una versión diferente. Afirma que la aplicación de pago falló y que a su esposo "lo mataron por 10 mil pesos". Su abogado, Carlos Nayi, considera el caso como violencia institucional y pide la máxima severidad para los acusados.
Nayi solicita que se considere el contexto de violencia institucional y que se tenga en cuenta el testimonio de la viuda, presente en el lugar de los hechos. Para él, es crucial determinar el rol de cada policía y las acciones previas y posteriores al evento.
La fiscalía investiga el caso bajo la hipótesis de violencia institucional, considerando que la muerte de Bustamante se podría haber evitado. Según la investigación, Bustamante no estaba cometiendo un delito al momento de la llegada de la policía, ya que no había abandonado la estación sin pagar.
Los otros cuatro imputados enfrentan cargos por homicidio calificado, encubrimiento y omisión de los deberes de funcionario público. El caso continúa en desarrollo y se esperan más avances en la investigación.